Lun. Jul 6th, 2020

Juicio por Jurados

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Por Omar Schild.

Senador Departamento Diamante – Cambiemos

Al darle media sanción al proyecto de Juicios por Jurados, estamos marcando un punto de inflexión, en el sistema de enjuiciamiento de ciudadanos ya que, cuando este proyecto se convierta en Ley de la Provincia, serán juzgados, en los delitos de mayor significación y trascendencia, por sus pares, ciudadanos de a pie, que han sido sorteados de un padrón general en forma transparente y sin intervención ni recomendación de nadie.

Hoy, por fin, después de tantos años, comenzaremos a cumplir una manda de nuestra Constitución originaria de 1853 y con ello a devolverle protagonismo y participación directa a la ciudadanía en la función Judicial. ¿Por qué si cualquier ciudadano puede formar parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, las ciudadanas y ciudadanos de Entre Ríos no pueden tener injerencia a la hora de juzgar crímenes?  Este proyecto que recibió media sanción, es un derecho de la ciudadanía toda y a la vez una carga pública ineludible y es más que probable que sólo una vez en la vida algunas entrerrianas y entrerrianos integren un jurado popular, lo que garantiza, a la par, absoluta independencia de los integrantes del jurado y la seguridad de que no sufrirán presiones directas ni indirectas de ninguna naturaleza.

El criterio de selección de los jurados populares está claramente reglamentado en este proyecto y la existencia de la audiencia de voir dire (vuar dir) previa a la integración definitiva de los integrantes del mismo, garantizan formas de neutralizar y repeler a priori cualquier prejuicio o animadversión de algún jurado con el justiciable, por el motivo que fuere. Y así, es que tanto los fiscales y querellantes como los defensores técnicos de los imputados, pueden recusar con y sin causa a integrantes potenciales del jurado.

Otra nota que le da jerarquía y lo dota de profunda seguridad y equidad, es que tanto el veredicto de culpabilidad como de no culpabilidad debe serlo exclusiva y únicamente por unanimidad del jurado popular. Pero de la misma manera, un veredicto de culpabilidad puede ser apelado por la persona imputada, garantizándose plenamente la garantía constitucional y convencional del doble conforme y derecho al recurso revisor de una sentencia de condena.

Pero también hoy es un día de especial relevancia en nuestra historia institucional porque, apelando al propio diseño constitucional del juradismo, estamos dando un salto cualitativo de inconmensurable valor social y simbólico: estamos cambiando el poder de la toga por la fuerza convictiva del sentido común y la racionalidad democrática.

La experiencia local e internacional demuestra, con pruebas irrefutables y casi unánimes, que en todas las provincias Argentinas y países en los que funcionan los juicios por jurados, las causas han sido resueltas rápida y con mucho sentido de equidad. Prueba de ello es, que en la mayoría de las Provincias que tienen este tipo de enjuiciamiento, las sentencias han sido confirmadas por un tribunal técnico revisor (cámaras de Casación) en el orden del 97%, habiendo casi una coincidencia simétrica o en espejo entre los fallos de los jurados populares y los de los jueces técnicos.

Es de destacar que esos doce (12) ciudadanas y ciudadanos que en absoluta paridad de género integrarán el Jurado Popular, estarán coordinado por un juez técnico (integrante del Poder Judicial), que se encargará de dar las instrucciones al jurado sobre aspectos técnicos procesales y de fondo y disipar todo tipo de dudas instrumentales que surjan alrededor del caso en examen. Y que dado un veredicto de culpabilidad del jurado, se lleva a cabo en pocos días lo que se llama cesura de juicio, en la que sólo intervienen las partes (acusación y defensa) y un juez técnico, en la que previa discusión, se fijará luego el quántum y modalidad de la condena que se le impondrá a quien fue juzgado.

En síntesis, con esta ley E. Ríos se pondrá sin lugar a dudas, en los primeros lugares, sino en el primer lugar de las provincias argentinas que han adoptado esta modalidad de enjuiciamiento, en claro acatamiento de normas constitucionales que así lo disponen, como son las de los arts. 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional. Estamos viviendo un tiempo histórico que sancionará una Ley que ha sido producto del amplio consenso de funcionarios del PE, legisladores, jueces, fiscales, abogados, académicos y vecinos que integran ONG. Estamos, como dijo un colega en la jornada de hace unos días, viviendo el mejor momento, estamos marcando un hito, dejando un legado a las postrer generaciones, una herramienta indispensable que tiene a la ciudadanía como protagonista. Estamos dando un paso de calidad que hará de Entre Ríos, una mejor provincia y que asegurará a los Entrerrianos, una mejor justicia.